El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el apoyo de OIM, en cumplimiento de los compromisos asumidos en la Hoja de Ruta del Capítulo Buenos Aires del Proceso de Quito, organizaron la Reunión Técnica Regional de Mesas Nacionales contra la Trata de Personas, Enfoque de Movilidad Humana.
El Proceso de Quito es un mecanismo gubernamental que busca articular una respuesta regional al creciente éxodo de nacionales venezolanos.
El encuentro, llevado a cabo en Buenos Aires entre los días 2 y 3 de octubre de 2019, tuvo el objeto de intercambiar buenas prácticas y avances en la región frente a la problemática específica que conlleva el flujo migratorio masivo de nacionales venezolanos y de establecer las bases para un plan regional de acciones de lucha contra la trata de personas en contexto de alta movilidad.
Participaron del encuentro autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Cancillería, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Asimismo, asistieron autoridades técnicas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Estuvieron presentes además representantes de organismos internacionales como ONU Mujeres, UNICEF, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos Fiscales.
Las acciones propuestas por las delegaciones se refirieron a la generación de mecanismos de cooperación entre los países que sean efectivos para garantizar la protección efectiva de las víctimas de trata de personas, y a la creación de una plataforma de conocimiento que recepte información sobre este delito y permita su intercambio entre los países que la integren, entre otras.
Los delegados coincidieron en la necesidad de articular y coordinar políticas a nivel regional, a fin de prevenir que los migrantes y refugiados venezolanos caigan en redes de trata de personas, brindar una efectiva protección a las víctimas, y judicializar a los tratantes.
