Más de 200 representantes de más de 30 instituciones europeas, latinoamericanas y del Caribe se dieron cita en el webinario “Las medidas alternativas a la privación de libertad en tiempo de COVID-19 y retos de futuro” organizado por los programas regionales de la Unión Europea EL PAcCTO, EUROsociAL+ y COPOLAD II.
La COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad de medidas alternativas a la privación de libertad para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, favorecer su inserción y luchar de forma eficaz contra el crimen organizado. Es una de las grandes conclusiones del webinario organizado por los tres programas de la Unión Europea EL PAcCTO, EUROsociAL+ y COPOLAD como continuación de la Declaración de Montevideo acordada por 150 representantes de más de 30 países de América Latina, el Caribe y la UE el pasado mes de septiembre en Montevideo, Uruguay, durante la Conferencia Birregional de Medidas Alternativas a la privación de libertad.
En la inauguración del webinario, Jorge de la Caballería, jefe de la Unidad de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, resaltó que “la pandemia representa un tsunami sin precedentes”. El representante de DEVCO ha añadido que la COVID “ha cambiado muchos paradigmas, pero no pone en cuestión la relevancia de los compromisos de Montevideo. Al contrario, los refuerza. Ha impulsado las medidas alternativas como una solución ante los riesgos de contagio dentro de los centros penitenciarios”.
Jorge de la Caballería reconoce que “la crisis post COVID puede tener un impacto más profundo que se traduce en una mayor presencia del crimen y de la delincuencia en general. Por eso es importante que todos los países e instituciones de Latinoamérica, el Caribe y la Unión Europea estemos preparados para dar forma a un nuevoparadigma de cumplimiento de las penas, inserción de las personas en la sociedad y lucha contra el crimen organizado en las prisiones”.
“La voluntad de intercambiar experiencias entre la Unión Europea y Latinoamérica ha impulsado actividades concretas como la creación del Canal COVID, un canal de comunicación estratégico en el marco de EL PAcCTO, la reorientación de varias acciones en el marco de EUROsociAL+ con un enfoque particular en las mujeres encarceladas o la sistematización de estándares de calidad de tratamiento del uso problemático de las drogas para atender a la emergencia desde COPOLAD II” ha finalizado el jefe de la Unidad de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea.
Las medidas alternativas son penas a todos los efectos. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD/OEA), Adam Namm, realizóuna presentación inicial en la que declaró que “el 80% de los adultos encarcelados hoy tienen su primer contacto con prisiones en su juventud. Necesitamos enfocarnos más en invertir en medidas preventivas y programas para estas personas en su juventud, los llamados procesos de disuasión”.
“Cerca de 3,5 millones de personas en el Hemisferio Americano están encarceladas, un tercio de ellas por penas relacionadas con drogas, normalmente por uso y micro-tráfico de drogas, lo que se traduce en significativos costes tanto sociales como económicos:
La clave es identificar qué reclusos han cometido delitos por trastornos por el uso de sustancias”, aclaró Namm.
También intervinieron como panelistas Pietro Molino, Fiscal General Adjunto de la Corte Suprema de Italia, Andrés Mahnke, Defensor Nacional de Chile, Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Olga Ballesteros, directora del Centro de Inserción Social “Victoria Kent” de Madrid,España, Laura Cárdenas, experta en comunicación y Enrique Gil Botero, secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB).
Además, se generó un interesante debate con más de 60 intervenciones. Entre ellas,la del Defensor Nacional de Brasil, Gabriel Farias Oliveira, la ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello Blanco, la magistrada principal del Poder Judicial de Guyana, Ann McLennan, el fiscal Nacional de Chile y presidente de la AIAMP, Jorge Abbot, la directora del Consejo Nacional Antidrogas de Surinam, Marie Regina Bunwaree o el director general de Política y Desarrollo Penitenciario de México, José Enrique Vallarta Rodríguez.
Durante el webinario se ha puesto de manifiesto la importancia de actuar ya en tres niveles:
1. A nivel externo, con la opinión pública para dejar claro que las medidas alternativas son penas, a todos los efectos. Que son, además, menos costosas y eficaces que la privación de libertad y que permiten disminuir la infiltración de la criminalidad organizada y construir así una sociedad más cohesionada y segura. Se animó a los participantes a reflexionar sobre las narrativas que están detrás del discurso populista punitivo.
2. A nivel interno con todos los actores que intervienen en la cadena penal, incluido el tercer sector que apoya los procesos de inserción social, mejorandola coordinación interinstitucional, a través de acciones de sensibilización, o de cambios normativos o procedurales cuando sea necesario.
3. A nivel de cooperación internacional, para la sensibilización y la incidencia a todos los niveles y para el intercambio de mejores prácticas.
Las medidas alternativas como regla, no como excepción. El coordinador del componente de Sistemas Penitenciarios de EL PAcCTO, Givovanni Tartaglia, fue el encargado de leer las conclusiones y resaltó que “es indudable que lahumanidad siempre ha sido capaz de aprovechar las grandes crisis para avanzar en términos de construcción de derechos. Todas y todos nosotros tenemos una gran responsabilidad.
Estamos encargados de uno de los desafíos más grandes: construir un nuevo humanísimo judiciario, contribuir a la construcción de una sociedad más justa, más inclusiva y, en consecuencia, más segura”.
“Tenemos la difícil tarea de lograr la inclusión de personas que de alguna forma la misma sociedad, con su funcionamiento imperfecto y desigual, ha podido contribuir a poner al margen. Las medidas alternativas tienen que ser la regla, no la excepción, para los delitos más leves y los infractores menos peligrosos”, concluyó Tartaglia.
En la clausura participaron Anna Terrón, directora de la Fundación Internacional y
para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), Hervé Conan, director general adjunto de Expertise France (EF) y Antonella Cavallari, secretaria general de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA).
Todos ellos pusieron de manifiesto el compromiso de las tres agencias europeas para seguir trabajando juntas en este y otros asuntos de vital importancia para la cooperación internacional.
El encargado de cerrar el webinario fue Marc Litvine, experto principal-jefe de Sector de los programas regionales para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea. Marc Litvine ha declarado que “las cárceles son un lugar particular donde hay muchas personas que son muy sensibles a la enfermedad”. Litvine ha subrayado que el trabajo no se acaba aquí y que el reto de futuro es el trabajo conjunto de todas las instituciones.
